Tribunal Ambiental de Valdivia inspeccionó planta Mariquina de Celulosa Arauco

Más de cinco horas tomó la inspección, en el marco de la reclamación presentada por la empresa

Diligencia fue decretada en el marco de la reclamación interpuesta por la empresa contra millonaria multa cursada por la SMA

Por más de cinco horas se extendió la inspección personal realizada por el Tribunal Ambiental de Valdivia a la planta Mariquina de Celulosa Arauco y Constitución S.A., en el marco de la reclamación presentada por dicha empresa contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que la sancionó con una multa total de 7.777,2 Unidades Tributarias Anuales  ($4.450.000.000 aproximadamente), por diversos incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La diligencia fue encabezada por la Ministra Titular Licenciada en Ciencias del Tribunal, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y contó con la participación de funcionarios del tribunal especializado, así como los representantes de la empresa y de la SMA.

Durante la inspección, la Ministra Villalobos revisó la central de operaciones de la planta,  las instalaciones asociadas a las sanciones, las vías de conducción de efluentes, el sistema de tratamiento de efluentes y el punto de descarga al río Cruces. De acuerdo a lo decidido por la SMA, un derrame de licor verde ocurrido en enero del 2014, y que no habría sido manejado adecuadamente por la empresa, habría generado la mortalidad de aproximadamente dos mil peces, aguas abajo del punto de descarga de sus efluentes.

Además, de acuerdo a la resolución de la SMA, Celulosa Arauco tendría diez incumplimientos a sus autorizaciones ambientales, alguno de ellos no relacionados con el derrame. La empresa solicita ser absuelta en seis de los diez cargos presentados en su contra, argumentando que su sistema está diseñado para manejar estas contingencias operacionales de forma segura, que así se manejó ese día, y que la mortalidad obedece a otras causas no imputables a la empresa. Por su parte, la SMA asegura que la resolución se ajustó a derecho y que la sanción está debidamente fundada.