Proveer mayor seguridad y proteger la intimidad y vida privada de las familias chilenas, es el objetivo central del proyecto de ley presentado esta semana por el Presidente Sebastián Piñera para endurecer las sanciones para los responsables de ejercer amenazas, coacción y hostigamiento.
Según explicó el delegado presidencial de Los Ríos, César Asenjo, se trata de una iniciativa legal que busca frenar los delitos a rostro cubierto, que provocan miedo y dolor; y que muchas veces se producen para acallar a quienes piensan distinto. Cabe destaca que el delito de amenazas es el que más denuncias registra en Chile. Solo en 2020 se presentaron 101 mil 112 denuncias a lo largo del país, las cuales concluyeron en 20 mil 429 detenciones.
“Este delito cada vez se ha hecho más reiterativo, afectando fuertemente el funcionamiento de la sociedad y la democracia de nuestro país, es por ello que la ley contra las amenazas, coacción y hostigamiento presentada, busca sancionar a quienes cometen estos delitos, agravando las penas si la víctima es un funcionario público, un fiscal o un policía. Cómo Gobierno tenemos un gran compromiso con el bienestar y paz de nuestro país, por ello llamamos a los parlamentarios de nuestra región a apoyar este proyecto para que pronto sea una realidad”, afirmó Asenjo.
En la misma línea, el seremi de Gobierno Pedro Lamas destacó que esta iniciativa tendrá discusión inmediata, puesto que es una prioridad para el Presidente Piñera. “Con esto estamos modernizando los instrumentos para combatir esta forma de violencia. El proyecto considera reformular el concepto de amenazas para hacerlas más perseguibles desde lo penal y así defender de mejor forma a las víctimas, creando figuras calificadas de amenazas con distintos niveles de penas y sanciones más severas, indicó.
Añadió que “este proyecto establece que la coacción será delito, y no solo una falta como lo es hasta ahora. Además, la coacción será tipificado como un delito aparte, autónomo, separado del delito de amenazas. De este modo, existirán distintos tipos de coacción, las que pudieran ser violentas o mediante amenazas, sancionando a quienes buscan obligar a una persona a ejecutar u omitir una acción contra su voluntad”, completó.
Lamas finalmente indicó que el proyecto presentado por el Ejecutivo crea el delito de hostigamiento o de acoso, con el cual se busca proteger la vida privada de las personas, protegiendo su dignidad, extendiendo la protección a miembros de la Convención Constitucional.
LOS CAMBIOS
En la actualidad, la coacción realizada mediante violencia contempla una pena de multa, que va de 1 a 4 UTM (desde los $52.161 a $208.644 aproximadamente). En tanto, la coacción realizada mediante amenazas, contempla penas privativas de libertad que van desde los 61 días hasta los 5 años. Con este nuevo proyecto, el delito de coacción contempla penas que van desde 541 días hasta 5 años de presidio.
En el caso de las amenazas, este delito se simplifica, separándolo de las coacciones y el hostigamiento, y adicionalmente se crean figuras calificadas para el delito de amenazas como cuando la amenaza consiste en cometer alguno de los delitos más graves (homicidio, incendio, violación, entre otros) o cuando se realicen de manera anónima o con falsa identidad.
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