Este miércoles la concejala de oposición, Vicky Carrasco, hizo pública una denuncia ingresada a Contraloría en la que se pide investigar al municipio de Valdivia por una eventual vulneración al principio de probidad administrativa.
De acuerdo a su acusación, Rodrigo Baeza habría recibido transferencias ya habiendo dejado su cargo como director de Dideco, es decir, sin ser un funcionario municipal.
“Al revisar varias de las 231 transferencias (…) fueron ingresadas a nombre del exdirector de Dideco de la municipalidad, el Sr. Rodrigo Baeza Quintana. Estos hechos podrían incurrir en irregularidades o ilegalidades de índole administrativa”, señalaba un comunicado de la concejala Carrasco.
Tras este hecho, el administrador público, Cristian Oñate, descartó estas acusaciones, atribuyéndolas a “falta de conocimiento técnico del área por parte de la concejala”.
Desde el municipio la defensa que hacen se basa en que “por cuestiones administrativas y trámites propios del registro nacional del estado, tomó tiempo crear la cuenta del nuevo encargado de subvenciones, entonces se ocupó una cuenta ya existente (la de Rodrigo Baeza) mientras activaban a nivel central esta nueva cuenta”.
"Nuestra unidad jurídica está en la completa disposición para poder capacitarla y colaborarle en gestiones como esta, para que de esta forma pueda comprender de mejor manera los procedimientos administrativos internos que realiza el municipio en conformidad a la norma”, agregó Oñate. ¿Con ironía? Juzgue usted mismo.
La respuesta de la concejala Carrasco no se hizo esperar, luego de ser consultada por Diario de Valdivia, y defendió su rol de fiscalizadora.
“Agradezco la generosidad del administrador municipal Cristian Oñate que ofrezca capacitaciones, pero al parecer el administrador no entiende la denuncia. El grave problema que produce que funcionarios de confianza de la alcaldesa Carla Amtmann no cumplan con los procedimientos internos”, comenzó diciendo.
A lo que agregó lo siguiente:
“Ellos asumieron que fue un error, por lo tanto la alcaldesa y su equipo debieron haberse capacitado, más de un año que no ingresaban las transferencias otorgadas a personas jurídicas al registro de colaboradores del estado y ¿recién el mes de julio de este año lo actualizaron? Claramente no están haciendo bien la pega, y como concejal cumplo con mi rol fiscalizador porque estamos hablando de recursos públicos que deben ser transparentados a la ciudadanía”, concluyó.
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