La concejala de Osorno, Natali Guissen, quien padece atrofia muscular espinal progresiva, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para denunciar la falta de accesibilidad en el edificio consistorial.
Esta situación ha impedido que la edil, usuaria de una silla de ruedas eléctrica, acceda a su oficina y desempeñe plenamente sus funciones.
Guissen señaló que la infraestructura del municipio incumple la normativa sobre discapacidad y accesibilidad universal, y que hasta la fecha no ha recibido soluciones concretas.
“Lo que buscamos con esto es cambiar los paradigmas sociales que tenemos sobre las personas en situación de discapacidad, sentar un precedente de que hoy en día tenemos un marco legal que nos avala, y entender que esto no es un tema personal, sino que es poder solicitar a una institución pública que puede y debe ser garante de mis derechos como persona con discapacidad”, declaró tras interponer la acción legal.
Por su parte, el alcalde Jaime Bertín reconoció la problemática y aseguró que se están implementando medidas para resolverla. Sin embargo, la concejala denunció que lleva más de un mes esperando una solución y que ha debido arrendar, con recursos propios, un espacio alternativo para atender a los vecinos y vecinas de Osorno.
María José Escudero, directora de incidencia de la Fundación Ronda, declaró "Esto no puede suceder en el 2025, porque para que una persona con discapacidad llegue a un cargo público significa que previamente superó numerosos obstáculos educacionales, sociales y culturales. Que hoy, al ocupar su lugar, no pueda ejercerlo plenamente es una vulneración de derechos muy profunda”.
La organización ofreció apoyo técnico y profesional al municipio para resolver el problema de forma inmediata. Asimismo, Senadis respaldó la acción de Guissen y notificó a la Contraloría General de la República para exigir que se tomen medidas.
El abogado de la concejala, Fernando Silva, subrayó que la situación infringe la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social.
"Natali, con esta rampa y con el no poder tener un acceso a una oficina gratuita como el resto de los ediles, obviamente está viendo vulnerada su integridad psíquica y física, corriendo el riesgo en cada momento, cada vez que ocurre una sesión de consejo, de caerse o de generar algún daño mayor", sostuvo.
Además, Guissen y la Fundación Ronda presentaron el caso en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad del Congreso, logrando respaldo unánime para avanzar en inclusión y accesibilidad en espacios públicos.
La denuncia busca visibilizar las dificultades que enfrentan más de tres millones de personas con discapacidad en Chile y exigir que las instituciones públicas sean un ejemplo en el cumplimiento de la ley.
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