Por Ilse Sepúlveda
Normas antiguas, varios actores involucrados, exceso de denuncias que hacen más lento el accionar de los organismos fiscalizadores y un engorroso proceso de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son parte de las trabas que evitan un avance más eficiente para impedir loteos y construcciones en áreas protegidas, o cerca de ellas.
Este es el relato de los hechos ocurridos con uno de esos proyectos cuestionados, cuya situación aún no ha sido aclarada.
El 9 de noviembre de 2020 la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Los Ríos realizó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por el proyecto denominado “Altos del Lago Ranco”, que involucra 944 parcelas, de las cuales 362 se encuentran emplazadas dentro del Parque Nacional Puyehue Norte. Es decir, el 38% de dicho loteo.
Desde Conaf indican que se enteraron de la iniciativa a través de la publicidad que la inmobiliaria había puesto en diversos medios para la venta de las parcelas.
El escenario era propicio. La pandemia en pleno apogeo, miles de personas saliendo de los centros urbanos en busca de una primera o segunda vivienda desde donde teletrabajar para sentirse con mayor libertad en medio de la naturaleza.
Para denunciar, el organismo estatal invocó el artículo 10 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que precisa cuáles son “los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental”. Luego, el 12 de marzo de 2021 complementó la acusación con los antecedentes que le solicitó entonces la SMA.
El director de Conaf Los Ríos, Arnoldo Shibar, explica a Diario de Valdivia los hallazgos que motivaron la denuncia.
“Producto de las fiscalizaciones realizadas se han encontrado en el lugar apertura de caminos de acceso, la extensión de dichos caminos y la corta no autorizada de bosque nativo que involucra a las especies de lenga, coigüe, mañío y tepa".
Shibar afirma que desde el organismo que dirige “hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance de acuerdo con nuestro rol institucional, haciendo las denuncias correspondientes e informando a Bienes Nacionales”.
Ante la pregunta de Diario de Valdivia por qué la Superintendencia de Medio Ambiente demoró casi un año y medio en abrir el expediente de este caso, considerando que la denuncia de Conaf Los Ríos fue en noviembre de 2020, el jefe de la oficina regional de la SMA de Los Ríos, Eduardo Rodríguez, entrega una explicación.
"Ello depende de muchos factores, como por ejemplo el número de denuncias. En el caso de la SMA de un promedio de 1.500 denuncias anuales, saltamos el año 2021 a cerca de 5.800 a nivel nacional. Entre ellas las que son en contra de proyectos inmobiliarios, lo que nos ha obligado a priorizar y redoblar esfuerzos”.
Rodríguez aclara que el de Altos del Lago Ranco "es un caso de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, distinto a una mera fiscalización, pues se trata de un caso más bien de investigación en que se deben reunir una serie de antecedentes con el fin de establecer si se configura o no una causal de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Agregó que por lo anterior es necesario solicitar un número importante de documentos.
“Se requieren los antecedentes del predio, la subdivisión practicada por el SAG, los antecedentes de la sociedad inmobiliaria, inspecciones ambientales y en eso fue fundamental el aporte de Conaf Los Ríos”, añade.
Al solicitarle la precisión de por qué es solo un proceso de requerimiento y no directamente de ingreso al SEIA, Rodríguez argumenta: “En los casos de elusión al SEIA nuestra Ley Orgánica nos permite abrir un proceso intermedio, que es un proceso de Requerimiento de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero siempre bajo apercibimiento de sanción”.
Lo anterior, agrega, “nos permite configurar adecuadamente la causal de ingreso al SEIA, lo que no es fácil. Así por ejemplo, en el caso de inmobiliarios debe tratarse de cierta cantidad de viviendas, estar ubicado en zona saturada o en área protegida y establecer grados de afectación, tener sistemas propios de abastecimiento de agua potable, entre varios otros”.
El jefe de la oficina regional de la SMA de Los Ríos puntualiza que el proceso no se queda allí. “También se le debe solicitar informe al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para que emita su opinión experta acerca de las características del proyecto”.
Se piden además los descargos del titular para que finalmente la SMA adopte una decisión. “Que puede obligar a un proyecto a ingresar a evaluación ambiental, para lo que se le otorga un plazo determinado y en caso de que no cumpla se puede aplicar un procedimiento sancionatorio”.
Eduardo Rodríguez dice que es importante que mientras la SMA adopta una decisión en un proceso como “Altos del Lago Ranco” otros órganos del Estado puedan actuar. “Como por ejemplo ocurrió en los casos de la costa, en que la alcaldesa de Valdivia -en forma proactiva- suspendió derechamente esos proyectos”.
Afirma que “la acción fiscalizadora de la SMA no impide el ejercicio de acciones paralelas de otros organismos” y agrega que en el caso de un parque nacional -como el Parque Nacional Puyehue- “podrían activarse las potestades que entrega el D.L. N°1.939 -de 1977, con modificaciones hasta el 2019 y que aborda normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado- que impide realizar en las Reservas Nacionales o Parques obras que no sean destinadas a la conservación u otros fines medio ambientales”.
En este punto comienza a abrirse otra arista de este enmarañado escenario: el de las parcelaciones.
Rodríguez explica que "estamos hablando de miles de subdivisiones. Así por ejemplo, entre el año 2010 y el año 2018 se entregaron 73.261 certificados de subdivisión por el SAG, según datos que figuran en nuestros procedimientos. Pues bien, muchas de estas simples subdivisiones pretenden transformarse en proyectos inmobiliarios o habitacionales, por lo que se trata de un problema estructural y que debe ser abordado como tal por todo el Estado”.
SAG Los Ríos informa que, por ejemplo, en Lago Ranco, las subdivisiones certificadas durante los últimos años han sido las siguientes: 65 durante 2020, 93 el 2021 y 45 en lo que va de este 2022.
Lo anterior, aplicando el Decreto Ley 3.516, de 1980, con modificaciones hasta 2012, que establece normas sobre división de predios rústicos. Es decir, que permite que los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos “podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas”.
Pese a que Conaf Los Ríos dijo haber informado a Bienes Nacionales sobre la denuncia realizada a la SMA sobre el loteo de “Altos del Lago Ranco”, el seremi de esta cartera en Los Ríos, Jorge Pacheco, expresa a Diario de Valdivia que su accionar en este caso fue impulsado por otro organismo del Estado.
“El Consejo de Defensa del Estado, procuraduría de Valdivia, nos solicitó realizar un estudio técnico respecto a una posible intervención en la zona norte del Parque Nacional Puyehue, presuntamente por parte de un privado, por medio de un loteo de parcelas de 0,50 Has. que ha sido fiscalizado y denunciado por la Corporación Nacional Forestal, actual administrador del parque Nacional en la Región de Los Ríos”, manifiesta.
Pacheco explica cuáles son las acciones en curso en esta materia.
“Se está efectuando precisamente un estudio de antecedentes y de los insumos con los que cuenta esta Secretaría Regional Ministerial, entre ellos, inscripciones de propiedad y planos a favor del Fisco de Chile, siendo una de ellas correspondiente al sector norte del Parque Nacional Puyehue”.
El seremi de Bienes Nacionales precisa que, "primero dejar en claro que se trata de un inmueble administrado por un tercero y además señalar que desde el ministerio de Bienes Nacionales se ha trabajado activamente desde lo jurídico, hasta lo catastral”.
En este último punto, la autoridad regional informa que la Unidad de Catastro de Bienes Nacionales realizó un estudio cartográfico de los planos existentes en la seremi que encabeza.
“El estudio técnico dio como resultado la elaboración de un nuevo plano informativo N° 140221 llamado “Parque Nacional Puyehue, sector norte predio fiscal/traslape con propiedad particular”, de fecha marzo de 2022. Dicha información fue despachada por Ord. N° 987 de 17 de mayo de 2022 al Consejo de Defensa del Estado”.
Diario de Valdivia preguntó por qué fue necesario realizar un estudio cartográfico de los planos existentes en la seremi y conocer el nuevo plano informativo, pero desde dicha seremia respondieron que cualquier otra información sobre este tema tenía que ser solicitada a través del Sistema de Transparencia. Y así se hará.
Mientras, se revisa el expediente de Requerimiento de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental “Altos del Lago Ranco” para ver cuáles han sido, hasta ahora, los descargos que ha hecho la empresa y así seguir avanzando en entender cómo funciona este sinuoso camino de los loteos en áreas protegidas del país.
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